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Era solo cuestión de tiempo que las medidas tomadas esta semana contra el Turismo Sanitario llegasen.
Hace unos días, el Ministro Montoro dijo que la permisibilidad de la sanidad española era excesiva y había que limitarla.
La oleada de extranjeros que acuden a nuestro país buscando asistencia sanitaria gratuita supone un auténtico despilfarro para el sistema sanitario español.
Por fin, se ha incorporado al derecho español un artículo que “prohíbe de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria”, para acabar con el este fenómeno.
La medida supondrá un ahorro para el bolsillo del contribuyente español de unos 500 millones de euros, hábida cuenta de que no todo el mundo paga sus impuestos en España, pero sí que utiliza estos servicios públicos.
Se habían producido varios hechos que estaban llevando esta situación al límite.
En algunos periódicos españoles como ABC se hacía eco de que el “Reino Unido aleccionaba a sus súbditos para aprovechar la sanidad española”.
Seguía diciendo este diario que “se calcula que solo en la Comunidad Valenciana —una de las regiones donde el fenómeno está más extendido, dada la enorme afluencia de turistas británicos a la Costa Blanca cada verano y los 100.000 ingleses que tienen su segunda residencia en Alicante— se atiende cada año a 800.000 pacientes extranjeros, la mayoría europeos, con un coste de 15 millones de euros para las arcas autonómicas.
En Torrevieja concretamente, se han llegado a dar casos de pacientes ingleses de avanzada edad, que han sido abandonados por su familia en su Hospital, tal y como recogían los medios hace unos años.
La Policía española denuncia el hecho de que detrás de todo esto, hay auténticas mafias que cobran 300 euros a las mujeres por este servicio y las mantienen en pisos patera, hasta que les llega la hora de parir.
Así lo recogía el diario EL MUNDO en un amplio reportaje publicado la semana pasada y otros medios se hacían eco de la noticia.
Los dilemas éticos difieren, por un lado está la universalidad de la sanidad que conlleva la asistencia gratuita ante una urgencia y el principio de solidaridad.
Pero, por otro lado, cuando como en el caso británico, le “echan morro al asunto” o cuando las “mafias hacen su agosto” se impone revisar la actual legislación para poner un poco de orden y evitar los abusos.
¿Y tú qué opinas?
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